El Gobierno evalúa reasignar fondos a universidades y discapacidad y confía en su aprobación en el Senado

Tras la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional avanza en una estrategia para garantizar recursos destinados a universidades y discapacidad, mientras se encamina a la votación definitiva en el Senado. Según confirmaron fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias por decreto, sin modificar el proyecto aprobado, y aseguran que la medida no afectará las asignaciones a las provincias, entre ellas Jujuy.

La iniciativa fue anticipada por el presidente Javier Milei, quien explicó que el objetivo es sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, atender áreas sensibles como el financiamiento universitario y las políticas vinculadas a la emergencia en discapacidad. La herramienta legal sería el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita al jefe de Gabinete a realizar reestructuraciones presupuestarias mediante decisiones administrativas.

Desde la Casa Rosada señalaron que la posibilidad está “en estudio” y que podría implicar revisiones mensuales, siempre bajo la premisa de no incrementar el gasto total ni comprometer el déficit cero. En ese marco, remarcaron que las provincias no verán reducidos sus recursos, un punto clave para distritos como Jujuy, donde el financiamiento universitario y las políticas sociales tienen un impacto directo.

En paralelo, el oficialismo minimiza las críticas de la Unión Cívica Radical respecto al artículo 30 del proyecto, que propone la derogación de los pisos de inversión en educación, ciencia y tecnología, educación técnica y el Fondo Nacional de la Defensa. Aunque sectores del radicalismo manifestaron reparos, en Balcarce 50 aseguran que el bloque terminará acompañando la iniciativa.

“Firmaron el dictamen. O no lo leyeron o solo intentan marcar posición política”, deslizó una fuente del Ejecutivo involucrada en las negociaciones legislativas. En el Gobierno sostienen que los pisos de inversión nunca se cumplieron en la práctica y consideran que las objeciones responden más a una estrategia discursiva que a una oposición real al Presupuesto.

Con el capítulo XI fuera del texto final, el Ejecutivo decidió no introducir cambios para evitar que el proyecto vuelva a Diputados, lo que dilataría su aprobación. En ese escenario, crece el optimismo en la Casa Rosada, donde estiman que la ley podría sancionarse con al menos 41 votos en la Cámara alta antes de fin de año.

Si bien el oficialismo cuenta con el respaldo de varios gobernadores radicales y aliados, persisten dudas sobre el comportamiento de algunos bloques provinciales, que anticiparon que votarán a favor en general pero rechazarán artículos específicos. No obstante, en el Gobierno confían en que el Presupuesto 2026 será finalmente aprobado, abriendo una nueva etapa en la administración de los recursos nacionales.